En el caso Blanco, debe dictaminar si los haberes de unos 150.000 litigantes que hicieron juicio por actualización de haberes se pagarán con el índice Isbic o el Ripte. La Ley de Reparación Histórica seguirá en pie.

La Corte Suprema definirá este martes el que es probablemente el caso más esperado por el Gobierno. Definirá de qué manera deben actualizarse las sentencias y los haberes de los jubilados que iniciaron juicios contra el Estado. Y, como adelantó TN.com.ar el domingo 16, se espera una sentencia a favor de los reclamantes y en contra del Poder Ejecutivo.

1) ¿Qué debe definir la Corte?

El caso Luis Orlando Blanco, que se tomará como testigo, marcará de qué manera deben actualizarse los haberes de los jubilados que iniciaron juicios antes de agosto de 2016. En 2009, la Corte Suprema dictaminó, en el fallo Elliff, que debía emplearse el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción, o Isbic. En 2016, el Gobierno resolvió que pagaría sentencias con la actualización de Ripte, sigla de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables.

En concreto, se define la fórmula en la que debe calcularse el haber inicial. Existe un bache entre 1995 y 2008, cuando entró en vigencia la ley de Movilidad. Para suplir la evolución de la remuneración en ese periodo de tiempo, la Justicia usaba el Isbic. Según consignó hoy Clarín, en esos trece años, el Isbic trepó 435%, mientras que el Ripte se incrementó 178%.

2) ¿A quiénes beneficiaría un fallo a favor del jubilado?

En principio, por supuesto, a Blanco. Según su abogado, Gabriel Greizerstein, el haber de Blanco al jubilarse representó el 41% de su salario como trabajador activo. Actualizarlo con Ripte, como pretende Anses, implicaría elevarlo al 46%. Con Isbic, ese haber inicial trepa al 59%. Esto último es lo que convalidó el fallo de Cámara y que la Corte ratificaría.

Pero también sentará un precedente para todos los que iniciaron juicios hasta agosto de 2016. Según estimaciones judiciales, hay 150.000 expedientes en las distintas instancias de tribunales. La Corte tiene casi 12.000 casos, de los cuales 7000 serían análogos al de Blanco. Estos últimos saldrían con sentencias favorables en poco tiempo. El resto deberá sortear las instancias y las apelaciones de Anses.

Según la Defensoría de la Tercera Edad, un haber actualizado con Isbic puede ser entre 30 y 50 por ciento más alto que uno ajustado por Ripte.

3) ¿Qué pasa con los jubilados que aceptaron la Reparación Histórica?

Según trascendió, el Gobierno teme que la Corte se pronuncie de manera tal que eche por tierra la ley de Reparación Histórica. Pero el artículo 6 de esa norma dispone que los jubilados que aceptaron la oferta de Anses renuncian a cualquier reclamo judicial. «Una vez homologado judicialmente, el acuerdo transaccional tendrá efecto de cosa juzgada, dándose por concluido el proceso judicial», dice la ley.

Según datos de Anses, a octubre había 120.000 casos pendientes de aceptación, a los que se les dejó de pagar el haber actualizado. Pero la cifra se redujo desde 300.000 casos. «La Reparación Histórica aumentó los haberes, en promedio, 4000 pesos. Cuando el jubilado no lo cobra, se da cuenta y va a la Anses» a terminar el trámite, explicaron entonces fuentes del ente previsional.

Entonces, quienes no tengan un acuerdo homologado deberán optar por aceptar la oferta de la Anses (es decir, un haber actualizado por Ripte y, en algunos casos, sin retroactivo) o iniciar o continuar el juicio. El proceso judicial demora años: Blanco inició su expediente hace más de una década.

4) ¿Cuál es el impacto en las cuentas públicas?

Hace un mes, el 12 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Social emitió una resolución en la que advirtió que actualizar las remuneraciones con el índice Isbic «atenta contra la sustentabilidad del sistema» previsional.

En su momento, el Gobierno estimó un impacto de $100.000 millones al año en las cuentas de la Anses, que tornarían al sistema previsional aun más deficitario.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda indicaron a TN.com.ar que un fallo de la Corte en contra del Gobierno no pondría en riesgo las cuentas públicas ni el objetivo de déficit cero previsto para 2019.

Primero, porque las sentencias tardan meses en pagarse, ya que deben activarse las burocracias judicial y de la Anses. Segundo, porque cada expediente debe transitar las instancias correspondientes.