Así lo estableció el convenio que firmó el gobierno de Cristina Kirchner con sus pares asiáticos. Además, el acuerdo estableció que se mantendrá «en secreto la tecnología y los programas de seguimiento».

Desde su llegada al país, la base espacial que China construyó en Quintuco, a 30 km de la localidad de Bajada del Agrio, Neuquén, despertó sospechas. El posible espionaje y uso militar de la antena parabólica de 16 pisos de altura generó incertidumbre entre los locales y una marcada preocupación de los Estados Unidos por el avance de la tecnología asiática en América del Sur.

A casi siete años de la firma del acuerdo entre la Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) -una agencia que depende del Departamento General de Armamento y de la Comisión Central Militar del Ejército chino-, y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el proyecto es aún eje de una polémica luego de que a mediados de 2018 el New York Times publicó un artículo en el que expuso la preocupación de Norteamérica por la influencia de Pekín en la región. Las dudas giran en torno a supuestas cláusulas secretas.

Según pudo saber TN.com.ar, el contrato firmado en 2012 habla de “confidencialidad” acerca de las actividades realizadas en la estación y establece que la Argentina «no interferirá ni interrumpirá” el normal funcionamiento de la base espacial con la que China monitorea la Luna desde fines de 2017 y con la que seguirá el recorrido de la sonda Chang’e 5, que en 2019 tomará muestras de rocas y las traerá a nuestro planeta.

En su artículo 10 el convenio siembra incertidumbre acerca de las tareas realizadas en el lugar. “Ambas partes mantendrán la confidencialidad respecto de la tecnología, actividades y programas de seguimiento, control y adquisición de datos, así como de toda información de equipamiento relacionados con sus actividades y no los divulgará a terceros”, establece el contrato al que accedió este sitio y que fue firmado por el entonces canciller Héctor Timerman y el exjefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

En la nota del diario neoyorkino, se advirtió que el gobierno argentino “negoció la base en secreto cuando la Argentina estaba desesperada por captar inversiones”.

Por estos días, nadie tiene en claro en Neuquén cuál es la verdadera actividad de la base espacial. “La injerencia de la provincia y el país es nula porque nadie puede entrar y para hacerlo hay que pedir permiso a los chinos. Ellos después deciden qué te muestran y qué contenido comparten con vos”, expresó a TN.com.ar, Beatriz Kreitman, la entonces diputada por la Coalición Cívica que se opuso al arribo del proyecto.

En este sentido, el tercer artículo del convenio deja en claro que el país no podrá “interferir ni interrumpir las actividades normales que se lleven a cabo en virtud del Acuerdo de Cooperación”. Esta cuestión fue una de las que más preocupa a los actuales legisladores.

La falta de certezas acerca de las actividades en el predio es tal, que el propio Gobierno impuso la “indemnidad” en el artículo seis. “El Gobierno de la Argentina no se responsabiliza, nacional e internacionalmente, en razón de las actividades del Gobierno de la República Popular de China en su territorio vinculadas al proyecto, sea por acción u omisión de ésta, o de sus representantes”. Y agregó: “China mantendrá indemne a la Argentina de toda obligación de reclamos de cualquier naturaleza, a pedido e instancia de terceros como consecuencia de tales actos u omisiones”.