Vanessa Gómez Cuevas es peruana y tiene 33 años. Había sido arrestada en 2011 y este miércoles la expulsaron. Por qué la ley le jugó en contra.

En medio de una fuerte polémica por la liberación del motochorro colombiano a cambio de 700 pesos, Vanessa Gómez Cuevas, una ciudadana peruana que había cumplido una condena por narcotráfico y que trabajaba como enfermera, fue expulsada del país y separada de dos de sus tres hijos argentinos. A pesar de que la mujer de 33 años pide que se haga efectivo el «principio de reunificación familiar» para quedarse, la Justicia la obligó a irse porque el delito que cometió no le permite ampararse en esa excepción.

La mujer tuvo que irse a la fuerza este lunes. Con ella se fue su bebé argentino de dos años, mientras que en el país se quedaron sus otros dos hijos, una nena de 14 y uno de cinco. Según dijo su abogado, Juan Villanueva, fue engañada y la llevaron hasta el aeropuerto de Ezeiza bajo la excusa de que tenía que firmar una notificación. Cuando llegaron, le quitaron a su bebé y lo subieron a un avión: ella, de inmediato, lo llamó, le contó la situación y aceptó tomar el vuelo para que su hijo no se quedara solo.

Más allá de que la Ley de Migraciones contempla el “principio de reunificación familiar” -algo que pide Vanessa para permanecer en la Argentina- también hay impedimentos: la ley aclara que la reunificación no corre en los delitos graves, como es el de tráfico de estupefacientes. Fuentes oficiales de Migraciones se refirieron al tema: «La expulsión debe cumplimentarse, al margen de que tenga hijos o no, como ya especificaba la normativa, destacándose que el delito de narcotráfico no puede ser dispensado por el Ministerio del Interior ni por esta Dirección Nacional».

“Vanessa me llamó llorando desde el aeropuerto y me contó lo que había pasado. Yo no lo podía creer. Los policías la fueron a buscar y le mintieron. Hubo un nivel de desprolijidad absoluto. La subieron a ella y a su hijo, que insisto es argentino, y los mandaron para Lima para que se arreglen como puedan”, reconoció Villanueva a TN.com.ar.

Vanessa, que vivía en el país desde hace 15 años, fue detenida en 2011 cuando intentaba ingresar con estupefacientes. La mujer había sido contratada por una banda narco para traer droga a la Argentina. Cumplió una condena de cuatro años en el Penal de Mujeres de Ezeiza. En ese momento ya tenía un hijo.

Cuando salió en libertad, Vanessa tuvo dos hijos más y entendió que si estudiaba podía salir adelante. Así lo hizo: en poco tiempo se recibió de enfermera y empezó a trabajar. Se dedicó, sobre todo, a cuidar abuelos. Un año después, cuando quiso renovar su residencia, desde Migraciones le dijeron que el Estado iba a comenzar un proceso de expulsión por el delito que había cometido en 2011.

Como refleja el sitio Minutouno.com, la mujer fue a la Defensoría General de la Nación para que la asesoraran. Pero Vanessa, antes de que terminara el proceso judicial, renunció a su defensa y se quedó sin abogado. Ante ese escenario, no recusó la medida que establecía su expulsión y su pedido de deportación, en consecuencia, quedó firme. La Justicia le envió la notificación a un domicilio en el que ya no vivía, por lo que nunca se enteró de las novedades sobre su caso.

“No sé por qué se la llevaron, cuando en el país hay mucha gente que puede ser expulsada. Espero que todo esto haya sido un error bestial, garrafal, con un poco de mala leche. Tiene tres hijos menores de edad, estudió, trabaja y no volvió a cometer un delito. Logró insertarse en la sociedad una vez más. Y sin embargo, de un día para otro, la agarraron a ella y a su bebé y los metieron en un avión directo para Lima, dejando a dos menores de edad sin su madre”, aseguró Villanueva.

Comunicado de Migraciones

«Dada la difusión en algunos medios respecto del caso de una ciudadana peruana que fue expulsada de acuerdo con lo establecido en la Ley de Migraciones 25871 sancionada en 2003, la Dirección Nacional de Migraciones informa que efectivamente la decisión administrativa fue tomada por el organismo en 2015, durante la anterior gestión, en razón de haber cometido un delito grave como es el comercio de estupefacientes.

La expulsión debe cumplimentarse, al margen de que tenga hijos o no, como ya especificaba la normativa de entonces, destacándose que el delito de narcotráfico no puede ser dispensado por el Ministerio del Interior ni por esta Dirección Nacional.

Cabe agregar que la persona presentó incluso un hábeas corpus ante la Justicia y que fue rechazada ratificando de tal modo la expulsión del país».