La expresidenta se sentó el martes por primera vez en el banquillo de los acusados. Deberá volver el lunes 27. Por qué los acusadores la consideran «jefa de la organización que llevó adelante el plan criminal».

Entró en silencio y se fue igual. Solo intercambió algunas palabras con su abogado, Carlos Beraldi y un abrazo con Hebe de Bonafini. No despegó su mirada de la pantalla de su celular aunque lo más importante del día, los encargados de leer la acusación en su contra, estaban frente a ella. Cristina Kirchner se sentó a las 12.05 del martes 21 de mayo de 2019 por primera vez en el banquillo de los acusados.

El rol que el fiscal de juicio, Diego Luciani, le dio a la expresidenta no fue menor. Todo lo contrario. Como leyeron los secretarios del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, consideraron a Cristina como «parte de una asociación ilícita en calidad de jefe entre el 8 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015 para apropiarse de fondos públicos con maniobras de defraudación al Estado».

De esa organización, siempre según el fiscal, habrían participado Néstor Kirchner, su «amigo y socio» Lázaro Báez, Julio De Vido y varios exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP).

A la mayoría de esas personas las designó Kirchner durante su gobierno, entre 2003 y 2007, y a la mayoría también las ratificó Cristina en sus cargos con el objetivo de «utilizar la burocracia del Estado para garantizar el plan criminal», direccionar los recursos públicos hacia Báez y ordenar el no funcionamiento de los organismos de control.

En base a una interminable cantidad de prueba adjuntada, el TOF 2 deberá analizar si Cristina y el resto de los imputados «realizaron maniobras de corrupción por $46.000 millones a través de 51 obras públicas de las 88 que se adjudicaron entre 2004 y 2015 en Santa Cruz para Vialidad». El juez federal Julián Ercolini consideró que esto fue probado en la instrucción.

En la lectura de la acusación, los querellantes dividieron en cuatro las claves de la imputación: la primera, que denominaron «la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial», en la que recordaron que Báez constituyó Austral Construcciones «dos semanas antes de la jura de Néstor Kirchner» como presidente. Y recordaron que el cajero bancario devenido en empresario pasó de declarar en 2002 bienes por más de un millón de pesos a hacerlo en 2014 por 137 millones».

A la segunda clave, para garantizar el plan criminal, la llamaron «la exportación de una estructura provincial hacia el nivel nacional para cubrir los puestos claves con las personas imputadas».

En ese esquema, según el tercer punto, descrito como «concentración económica en materia vial en Santa Cruz», provincia que Kirchner gobernó durante tres mandatos, recordaron que en 12 años de gestión asignaron allí $21.000 millones. En comparación fue lo mismo que lo adjudicado a otras ocho provincias o incluso similar a lo que le tocó el distrito más poblado del país: Buenos Aires. Así, insistieron, «Báez fue espuriamente beneficiado».

Con la empresa creada, los funcionarios designados y el área de negocios elegidos, a esa asociación ilícita le faltaba el cuarto punto, siempre según la acusación, es decir el «direccionamiento de la adjudicación de la obra pública en favor de Báez y en perjuicio de las arcas del Estado». Eso consistió en la simulación de la competencia entre oferentes; adjudicaciones por arriba del presupuestos; sobreprecios; celeridad de las adjudicaciones; más contratos a pesar de incumplimientos en los anteriores; ausencia del control de organismos de control; y un canal de pagos exclusivos tres veces más rápido para las empresas de Báez. Eso provocó que de las 51 obras entregadas, el Grupo Austral solo terminó 2 en tiempo y forma; y solo concluyó 26 en los 12 años de la asociación ilícita.

Uno de los momentos más extensos de la primera audiencia, que de hecho continuará el lunes 27 tras el cuarto intermedio, fue la lectura de las hasta ahora 212 pruebas enumeradas para sustanciar la acusación. A la denuncia realizada en 2016 por el extitular de la DNV, Javier Iguacel, con el que se inició la causa, los acusadores agregaron copias de la investigación contra Báez por la «Ruta del dinero K» y hasta una declaración del «valijero arrepentido» Leonardo Fariña en la misma. A eso también sumaron copias del expediente contra José López por enriquecimiento ilícito y documentos que probaron la relación comercial entre los expresidentes Kirchner y Fernández con Báez y su grupo empresarial.

El lunes 27 desde las 9.30, los responsables de la lectura de la acusación retomarán la enumeración de las pruebas contra la flamante precandidata a vicepresidenta de la fórmula que encabezará Alberto Fernández. Bien temprano a la mañana, desde Twitter, Cristina había cuestionado la acusación en su contra: «Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial». A la salida de la Sala AMIA, en cambio, guardó silencio.