Tres organizaciones reclamaron que además la iglesia dé a conocer la información sobre otras denuncias, como las de los sacerdotes Corradi, acusado de violaciones en el Instituto Próvolo, y Zanchetta, cercano a Francisco.

Con duras críticas, al menos tres organizaciones repudiaron la cumbre antipederastia convocada por el papa Francisco y pidieron medidas de sanción contra el Vaticano, al que calificaron de «estado genocida». En ese sentido, le exigieron una serie de medidas a la Iglesia, entre las que se destacan que abra los archivos clasificados que tiene sobre causas emblemáticas, entre ellas, el caso de Julio César Grassi.

Tras la reunión, presidida por el Sumo Pontífice en el Vaticano, la Organización Global de Víctimas de abusos (ECA, por sus siglas en inglés) junto a Bishop Accountability, la base de datos más completa de casos de abusos por parte de miembros de la Iglesia, exigieron «la apertura de los archivos secretos sobre abuso sexual de las conferencias episcopales de todo el mundo».

Al respecto, ECA propuso un plan de 21 medidas, donde piden que cuando «el clérigo es encontrado culpable de cualquier tipo de abuso a menores tenga sea inmediatamente expulsado de su cargo y del sacerdocio», al igual que cualquier miembro de la Iglesia que encubra. Y exigieron que «toda la documentación sobre los casos sea transmitida a las autoridades civiles y que en ningún momento pueda ser destruida, así como que se denuncien a las magistraturas nacionales cualquier denuncia reciban de casos de abusos a menores».

Por su parte, desde la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de la Argentina, que nuclea a personas que fueron víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes, se manifestaron en contra de la cumbre. «Hemos presenciado un nuevo acto de simulación e hipocresía por parte de funcionarios de un Estado independiente, incumplidor serial de Convenciones internacionales sobre Derechos Humanos. Esta cumbre confirma el estado de corrupción sistémica que impera en la Santa Sede, al evadir premeditadamente las exhortaciones que organismos internacionales le hicieran hace cinco años atrás», dijeron, refiriéndose a la acusación que el Comité de Protección a los Derechos de los Niños de la ONU hiciera a la Santa Sede en 2014.

La asociación argentina criticó las conclusiones de la cumbre, que señalan que «la pederastia eclesiástica es solo una parte del abuso como problemática transversal y amplísima», lo que desdibuja la responsabilidad de la Iglesia Católica en las agresiones sexuales a niños y niñas.

Además, la Red acusa al Vaticano de haber dado durante la cumbre un «trato irrespetuoso, denigrante y revictimizante» a las víctimas.

Transparentar los casos

Por otro lado, la red propone un grupo de medidas, entre ellas, la creación de un registro público de sacerdotes acusados, denunciados y/o condenados por abuso sexual y la apertura de los archivos secretos sobre abuso sexual de las conferencias episcopales de todo el mundo.

Y pide demandas judiciales contra la Santa Sede por los perjuicios causados a las víctimas y a los estados nacionales que permitieron que el Vaticano vulnere dentro de sus territorios convenciones internacionales. E insta a esos estados a la derogación de subsidios a la Iglesia y pagos de sueldos a obispos y a no reconocer la legalidad de la justicia canónica dentro de sus fronteras.

Así, las organizaciones ECA y Bishop Accountability pidieron a Francisco» transparencia» en el caso del padre Julio César Grassi, creador de la Fundación Felices Los Niños, condenado por la Justicia argentina por abuso infantil y corrupción; y en el de Nicola Corradi, sacerdote italiano de 82 años, acusado de abusos, primero en el Instituto Próvolo para sordomudos de Verona, Italia, y después en Luján de Cuyo, Mendoza.

También se le hizo un reclamo por el caso de Gustavo Zanchetta, de quien Jorge Bergoglio fue director espiritual y llevó al Vaticano a ocupar un importante cargo. El exobispo de Orán fue acusado de cometer abusos sexuales contra seminarista y de consumir pornografía infantil.

Las dos organizaciones coincidieron con la Red argentina en pedir el levantamiento del secreto eclesiástico en casos de abuso sexual y la creación de un registro de religiosos abusadores.

Casos argentinos

En la Argentina, desde hace más de 15 años la lista de casos de abuso sexual por parte de sacerdotes fue nutriéndose. Muchos de los religiosos fueron detenidos y condenados. En muchos de ellos, el encubrimiento por parte de la Iglesia obstaculizó el proceso judicial.

Julio Grassi

Julio César Grassi, el creador de la Fundación Felices los Niños, fue condenado a 15 años de prisión después de un largo proceso en el que recurrió a costosos y reconocidos abogados . La Comisión Episcopal Argentina le encargó y pagó al jurista Marcelo Sancinetti varios tomos para sostener su defensa.

Napoleón Sasso

El religioso había sido trasladado desde la diócesis de San Juan para realizar un tratamiento a Domus Mariae, una residencia de tratamiento psiquiátrico en la zona de Tortuguitas, por sus antecedentes de pedofilia. A cargo de un comedor infantil en Villa Astolfi, Pilar, abusó de nenas que asistían al lugar para buscar comida. Cuando se hizo la denuncia, en 2003, intentó escapar a Paraguay en un auto perteneciente a la diócesis. Fue juzgado y condenado a 17 años de cárcel.

Fernando Pichiocchi

Hermano marianista y docente, abusó de por lo menos de dos alumnos en el colegio de la congregación en Caballito. Estuvo prófugo. Fue condenado a 12 años. Cuando una de sus víctimas, Sebastián Cuattromo, intentó hablar con Bergoglio, éste no lo recibió y lo derivó a Mario Poli. El entonces obispo lo instó a perdonar a su agresor.